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LA LEY ANTILAVADO ES POSITIVA

La Ley Antilavado es positiva, pero causa mucha inquietud.



Desde el 1 de septiembre pasado, todos somos sospechosos.



Con la entrada en vigor de la nueva Ley Antilavado de Dinero, quien compre una casa, un automóvil, una obra de arte, relojes o joyas, se saque la lotería o deje una herencia y su operación alcance un monto determinado está obligado a explicar cuál es el origen de su dinero y a informarle al vendedor, con absoluta transparencia, a qué se dedica, cuánto gana, dónde vive… Estos datos serán guardados por la empresa vendedora, que en muchos casos enviará además una notificación a las autoridades.



Objetivo



La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca debilitar las estructuras financieras del narcotráfico y el crimen organizado, así como armonizar la legislación mexicana con principios, criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional.



Poner límites al uso de dinero en efectivo y exigir a los clientes que se identifiquen tienen como propósito imponer un estricto control a ciertas actividades económicas que suelen utilizar los delincuentes para introducir al sistema financiero miles de millones de dólares obtenidos de manera ilícita. “Sin duda es una ley necesaria. Es como si habláramos de los secuestros… ¿deberíamos tener una ley antisecuestro?, desde luego”, comenta el analista económico Álvaro Cano Escalante, socio fundador de ACP Consultores. “Antes de esta ley había vacíos en cuanto a cómo perseguir esos flujos oscuros e inexplicables que dan a lugar a variaciones impresionantes en la cuenta de capital, esos millones de dólares que entran por vías informales y que al no ser registrados en los canales oficiales dan diferencias importantes en el saldo de la cuenta corriente que se van a errores y omisiones”.



“No es una medida exclusiva de México, otras naciones que mantenían con celo su secreto bancario, como Suiza, han tenido que ceder a la presión del gobierno norteamericano para destapar la información cuando se trata de movimientos sospechosos”, comenta. “Con esta ley, México entra de lleno a esta tendencia, aunque no de manera repentina. La empezó a introducir con el impuesto a los depósitos en efectivo y otros candados impuestos de dos a tres años a la fecha”.



Nadie pone en duda sus bondades, pero la nueva ley ha sido recibida de manera diversa y contradictoria.



Causa inquietud cómo poder cumplir disposiciones cuando no hay experiencia ni entrenamiento -de nadie, ni de las autoridades-, con el riesgo que esto implica. Es de suponer que pronto se presentarán dudas y errores, incumplimientos y multas, que a los obligados parecen excesivas, pues pueden llegar a los $4.209,400.



Además, se teme que la ley implique el fin de la vida privada y ponga en riesgo la seguridad personal al exigirles a los clientes tantos datos confidenciales.



Por ejemplo, si compra un auto de más de 207,879 pesos, el cliente tiene que entregar su identificación oficial al vendedor, quien se quedará con una copia. Y si el vehículo cuesta más de $415,759, el vendedor debe saber, además de la identidad del comprador, dónde vive y hasta cómo adquirió el dinero, incluso debe pedirle información sobre su actividad u ocupación, basándose en los avisos de inscripción y actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Es decir, para comprobar que el dinero es lícito, el comprador debe entregar su cédula fiscal, su declaración anual de impuestos o algún comprobante de ingresos, algo que viola varios derechos constitucionales.



Lo mismo cuando se adquiera una casa. Si su precio supera los 519,699 pesos, además de entregar su identificación y cédula del RFC, el comprador debe decir si va a ocupar el inmueble o si el beneficiario será otra persona.



Buena, pese a todo



“Es cierto, la ley representa inconvenientes, pero son más los beneficios que los problemas derivados de su aplicación. Viene a completar un esquema de fiscalización iniciado en el sexenio anterior que buscaba no solamente regularizar los flujos que aparecían de pronto en la economía, sino también presionar a la economía informal para regularizarse. Con esta legislación toda actividad económica está permanentemente observada”, concluye el CP Cano Escalante. “En cuanto a los temores, en el tiempo que lleva la ley no he sabido de ningún caso de sanción”.-



“Sin duda es una ley necesaria. Es como si habláramos de los secuestros. ¿deberíamos tener una ley antisecuestro?, desde luego”, comenta el CP Alvaro Cano


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